Insultante el contraste de Aguinaldos entre Políticos y Obreros: Crom

Aguascalientes, Diciembre (2013).- Tras calificar como “insultante” la diferencia entre los aguinaldos que recibirán la clase trabajadora y  los políticos, el dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Jesús Enrique Ramírez Ramírez, demandó mayor sensibilidad de la clase política y les pide que rechacen las cantidades estratosféricas que recibirán por concepto de esta prestación, ya que mientras ellos percibirán enormes sumas de dinero, la mayoría de los obreros verán ingresos ofensivos, cantidades que literalmente dan risa.

Indicó que mientras un empleado de la iniciativa privada, por haber trabajado un año recibirá unos 920 pesos aproximadamente, políticos de la talla de Agustín Carstens (Gobernador del Banco de México), se llevará por el mismo concepto, 890 mil 764 pesos, libres y los subgobernadores, 845 mil 201 pesos, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), Juan Silva Mesa, 580 mil 644 pesos; Enrique Peña Nieto  (396 mil 476 pesos); el presidente de INEGI, Eduardo Sojo (389 mil 287); diputados federales 198 mil y los senadores 234 mil 230 pesos.

En contraste, para el caso de Aguascalientes, de los 446 mil 268 trabajadores activos, el 7.12 por ciento, recibirán apenas 920 pesos; el 20 por ciento (1,840 pesos), y el 40 por ciento  (entre 2 mil 760 y 4 mil 600 pesos), un recurso económico que apenas servirá como un alivio pasajero en la economía de los trabajadores, porque en muchos casos el aguinaldo ya lo deben, remató.

Ramírez Ramírez por cierto, desmintió la cifra de mil millones de pesos que recibirán los afiliados a la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), de acuerdo con el Secretario, Alfredo González González, reveló que en total, son 1058 millones según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que indicó, el líder cetemista miente y declara solamente cifras alegres.

En tema aparte, el dirigente obrero cuestionó la pasividad con la que ha actuado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en torno al Contrato Colectivo de Trabajo que celebró desde junio esta central Obrera y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual está guardada sospechosamente por indicaciones de alguien a quien no le gustó que la Comisión sostuviera esta relación con un Sindicato disidente del Gobierno del Estado, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

“Nos parece ya muy raro que la Presidenta de esta dependencia, Gabriela Garza Rodríguez, ni siquiera nos quiera recibir para abordar el tema en cuestión, nosotros queremos que haya un pronunciamiento sobre el caso, a favor o en contra pero que nos digan que ha pasado con el documento mediante el cual le enteramos de nuestra relación laboral con la defensoría de los Derechos Humanos”, abundó el dirigente sindical.

Ramírez Ramírez, indicó que antes de que el Congreso designe al próximo Presidente de la CEDH, sería bueno que la JLCyA se pronuncie al respecto para que los trabajadores agremiados no tengan dudas sobre su situación laboral, ya que es de todos sabido que esta dependencia tiene fama de ser una bolsa de trabajo y más cuando llega alguien a la encomienda.

Adelantó que la primera y más importante prueba de fuego que tendrá el próximo presidente será respetar los derechos de los propios trabajadores sindicalizados de la Comisión, “nosotros seremos muy respetuosos de los mecanismos, tiempos y procedimientos que los legisladores emplean para elegir al próximo defensor del pueblo, seremos institucionales y muy respetuosos de la designación que haga el congreso peor también pedimos respeto y garantías a los trabajadores”, demandó el declarante.

El respeto a su fuente laboral (no liquidándolos) y desde luego el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que actualmente rigen las relaciones laborales entre sindicalizados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la defensa que vamos a ejercer, advirtió el entrevistado quien destacó que la sindicalización de los trabajadores de la Comisión fortalece la autonomía del organismo de defensa de derechos humanos, porque termina con lo que lamentablemente fue en muchos años: una especie de botín político de unos cuantos.